Educación vulnerada. Actores directos desvinculados

  • Publicado en Blog
educación vulnerada TN 23 Noticas educación vulnerada

Luis J. Vianello

El camino inverso, Platón y Pitágoras.

Pitágoras y Platón planteaban una educación (si bien en ese momento era elitista pero el sistema que aplicaron era interesante) que, para estudiar con alguno de ellos, debían aprender primero con su otro maestro. Una especie de interdisciplinaridad que alcanzaba la autonomía de cada estudiante yendo de lo particular (lo empírico) a lo general (lo abstracto) con años previos de estudio de las disciplinas basadas en la matemática para entrar en la Academia de Platón...

Descargar PDF

Versión en PDF

En Argentina, el sistema educativo tiene las garantías del Estado de ser laico, Gratuito (diría no arancelado para ser gratuito debería estar garantizada desde el transporte desde sus domicilios tanto estudiantes como docentes, recursos para aprendizajes y enseñanza, hasta desayunos y almuerzos o meriendas de calidad) y público. (Ambas gestiones públicas, aporte estatal a la gestión privada que se aprovecharía mejor en lo estatal).

Para introducir el análisis sobre el planteo en el título de este documento, se propone una revisión de artículos de la Carta Magna de Argentina.

Los siguientes son Artículos que garantizan los derechos sobre una educación de calidad, por parte del estado argentino, que se encuentran en la Carta Magna de nuestro país (C.N):

Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio

Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Artículo 75. Corresponde al Congreso:

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

19..”.Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Derecho a la educación Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, convención americana sobre derechos humanos Constitución de la Nación Argentina | 65 opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 19. Derechos del niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Aprobada por Ley 23.849 Sanción: 27 de septiembre de 1990 Promulgación: 16 de octubre de 1990 Publicación: 22 de octubre 1990 Artículo 1. Apruébese la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos de América) el 20 de noviembre de 1989, que consta de cincuenta y cuatro (54) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.

Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo Aprobado por Ley 26.378 Sanción: 21 de mayo de 2008 Promulgación: 6 de junio de 2008 Publicación: 9 de junio de 2008 Artículo 1. Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos forman parte del presente como “Anexo 1” y “Anexo 2” respectivamente.
A principios de 2020, en el período llamado A.S.P.O. lanzado en marzo del año pasado, ya se vislumbraba las dificultades de imponer desde el Estado a cualquier costo desde la población con sus recursos propios, en lugar de aplicar políticas de emergencia educativa y salud para dar garantías en estos derechos inalienables que son vulnerados constantemente de una u otra forma desde cada gobierno que precede y sucede en el Estado argentino. Ya con la aislación, miles de familias se vieron obligadas y penalizadas en caso de salir a buscar su sustento económico, a abandonar toda asistencia virtual ya que sin conectividad no se puede asistir virtualmente y mucho menos cuando se dificulta por solo tener un dispositivo en cada familia.

Entonces surgen estas cuestiones:

¿Cómo podría un/a estudiante lograr el aprendizaje autónomo si se le priva de sus derechos al acceso a una educación de calidad? ¿Cómo lograría un/a docente alcanzar los estándares de calidad internacional, si su estado proveedor no le garantiza los recursos para alcanzarlos y debe solventarse por sus propios medios, siendo sus ingresos menor a la canasta básica, al igual que la mayoría de la ciudadanía con igual remuneración o en su defecto igual ingreso por planes sociales? ¿Cómo lograría una familia que no tuvo una educación de calidad desde el sistema educativo (privado subvencionado o público) acompañar en la virtualidad la educación de sus hijos/as?  Es entonces que la educación se vuelve vulneración de derechos en lugar de un derecho humano garantizado para cualquier persona que habite en este país.

Pero, en tiempos de pandemia que atraviesa nuestra actualidad, se están vulnerando todas las garantías que son constitucionales y derechos humanos por parte de un Estado ausente y/o precarizador, cuya prioridad no es brindar una educación de real calidad, sino al contrario, destina fondos hacia necesidades privadas que nada tienen que ver con el progreso de una nación o un país.

El problema que vulnera a los actores directos (Docentes-Estudiantes) no es solo el económico. El sistema social también se está apropiando de la precariedad en la que se desarrolla la praxis educativa. Las condiciones de educabilidad tienden a achicarse tanto, al límite de lo mínimo, que solo cubre a una proporción de la población nacional, siendo la mayoría, vulnerada por dicha ausencia ut supra, de tal manera que se estaría llegando a la deserción escolar (niñas y niños sin clases por no tener los medios garantizados por el Estado, docentes sin los medios por reducción de carga horaria y achique en su salario respecto de aumentos de servicios como internet o aumentos siderales en aparatos receptores como celulares, tablets o computadores que llegan a precios cercanos a dos salarios de docente).

El cansancio y el estrés que causa no tener los recursos o tenerlos de forma extremadamente limitados, es factor influyente para argumentar que se está vulnerando el derecho a una gran parte de la población autóctona de alcanzar una educación de calidad.

En muchas escuelas además se brinda comedor o merendero (no es la misión de la Escuela si no es el asistencialismo del Estado que cubre a través de la institución este flagelo que azota a la comunidad, con un porcentaje cercano al 48% de pobreza en niños y niñas en todo el país).

Problematizando sobre lo ante dicho:

¿Cómo podría tanto estudiantes como docentes, lograr la educación de calidad como un derecho humano, si no tiene una alimentación adecuada con mínimos estándares de salud? Las meriendas que brinda el estado son de bajísima calidad medida por sus propios organismos. Trabajo en 5 escuelas y en ninguna de ellas llegan desde el SAE alimentos de calidad. O sea que habrá estudiantes que no tienen recursos propios desde sus tutores para alimentarse, pero tampoco los adquieren desde el estado a través de la escuela como institución asistencialista.

Y un tercer factor que marca la vulneración de dichos actores directos, es la negligencia de representantes que son veedores de la práctica docente respecto del Estado. Los sindicatos y los centros de estudiantes. Los primeros se encuentran en un co-gobierno con el estado, un agonismo matizado y maquillado por la realidad que atraviesa la actividad de la docencia. Docentes súper explotados por aumento de horas de trabajo y re planificaciones al nivel de triplicar o cuadriplicar sin su paga correspondiente, enunciada desde la carta magna artículo 14 (igual tarea por igual remuneración), al aumentar su carga horaria y el uso de recursos para lograr esa ampliación de la misma, hace que la calidad disminuya considerablemente. La no representación de los centros de estudiantes a la situación personal de cada estudiante, vulnera su derecho a ser representado ante organismos superiores entonces si las voces son silenciadas por negligencia Estatal, poco se puede construir desde la base estudiantil.

Cuestionando entonces:

¿Se puede en un Estado democrático dejar sin representación genuina a sus actores, para alcanzar un sistema educativo de calidad? ¿Dónde queda el control de los usuarios del propio sistema? Si los mecanismos de control no son garantizados desde el mismo estado, ¿Cómo se garantiza el derecho de reclamo genuino?

Cuando alguien piensa en educar o en educación, siempre piensa en mejorarle la calidad de vida a la población, a darle mayores oportunidades en un sistema complejo desde lo cotidiano hasta lo individual, a establecer la asistencia necesaria para todo ser humano.

En las aulas de cada institución que aglomera personas que buscan este fin tan genuino, los recursos se diluyen porque de una u otra forma, se complementan solidariamente entre mismo cuerpo de estudiantes o en la misma relación docente estudiante, y si bien sucede la falta de recursos ya descriptas aún en la presencialidad, son muchísimos menores (los recursos) que en esta virtualidad desregulada por parte del Estado nacional.

Dejo adjuntadas dos encuestas: una a principios de 2020, donde se ven claramente las situaciones de vulneración de derechos por parte de un Estado cada vez más ausente en materia educacional.

https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses

y una segunda pequeña encuesta a finales de 2020

https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses

Bibliografía consultada:
“Constitución de la Nación Argentina,” Biblioteca Digital, consulta 10 de febrero de 2021, http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1716.

Como citar:

Vianello, L. J. (2021). Educación vulnerada. Actores directos desvinculados  Revista Iberoamericana de Docentes https://revistaib.com/blogrevistaib/entornos-digitales-sin-contornos-educativos


1 Luis J. Vianello
Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Modificado por última vez enViernes, 12 Marzo 2021 09:27